El profesor de la PUC Hugo Rivera Villalobos ecibe portazo judicial por su carta «fraudulenta» y sella el fin del caso Australis
Es fascinante cómo los bufetes más caros de Chile funcionan también como faros de moralidad pública. Vestidos con trajes a la medida, estos «grandes» abogados de la élite dictan cátedra urbi et orbi sobre el Estado de Derecho, la probidad y las buenas costumbres. El pináculo de esta ironía lo encarna hoy Hugo Rivera Villalobos. Resulta francamente increíble que el mismo penalista que imparte clases de Derecho Penal en las prestigiosas aulas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), sea el protagonista de una cuestionable maniobra probatoria que acaba de terminar con un humillante portazo en tribunales y una investigación penal en su contra.
Cuando los argumentos jurídicos no dan el ancho en los estrados, la creatividad procesal de la «cota mil» sale al rescate. El escenario era sumamente crítico para el gigante chino Joyvio: su querella por estafa contra el empresario Isidoro Quiroga, originada en la compraventa de la salmonera Australis, se caía a pedazos ante la absoluta falta de pruebas. ¿Qué hace un abogado de élite cuando el Ministerio Público no logra encontrar los delitos que su cliente exige? Al parecer, la respuesta no está en los manuales universitarios, sino en encargarlos a la medida.
En agosto de 2026, Rivera decidió que los conductos institucionales regulares eran una burocracia innecesaria para alguien de su estatus académico y profesional. Saltándose olímpicamente el monopolio investigativo de la Fiscalía —algo que seguramente reprueba en sus exámenes en la PUC—, gestionó a puertas cerradas una comunicación directa y extraoficial con el prefecto inspector Carlos Rojas, jefe nacional de Ciencias Forenses de la PDI.
El resultado de este inusual «lobby» fue una misiva policial que Rivera pretendió presentar ante la justicia como su gran «bala de plata». La defensa de Quiroga no tardó en exponer el truco de magia, denunciando el documento como una prueba derechamente «fraudulenta» en su gestación. Había sido fabricada a espaldas del Ministerio Público y obtenida como si la plana mayor de la PDI fuera una agencia de investigadores privados al servicio del mejor postor, destruyendo cualquier atisbo de objetividad pericial.
Afortunadamente para el Estado de Derecho, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago careció del paladar necesario para apreciar tan vanguardista y dudosa maniobra. La jueza Paulina Moya no le compró el espejismo al ilustre académico: le restó toda validez a la cuestionada carta, rechazó tajantemente la solicitud de reabrir el caso, levantó en el acto todas las medidas cautelares que pesaban sobre Quiroga y sus exejecutivos, y cerró para siempre la arista penal ratificando la decisión de «no perseverar» de la Fiscalía. Un portazo lapidario tras más de tres años de vender humo judicial.
Pero la lección de ética práctica de Rivera tuvo severos daños colaterales. Su correspondencia VIP obligó al fiscal nacional, Ángel Valencia, a intervenir de oficio. Hoy, el fiscal regional de Ñuble, Rolando Canahuete, investiga al «gran» profesor de la PUC por posibles delitos de tráfico de influencias. Habrá que ver cómo explica en su próximo syllabus universitario que el profesor a cargo de enseñar la teoría del delito es, irónicamente, el sujeto de una investigación penal por intentar torcer el sistema.
Por supuesto, para quienes conocen la trayectoria de estos próceres de la justicia, el actuar de Rivera no sorprende en lo absoluto, aunque indigne. Es imposible no mirar al pasado y recordar otra de sus grandes cátedras de «eficiencia» legal: el caso de 2014, cuando asumió la defensa de Martín Larraín (hijo del entonces todopoderoso senador Carlos Larraín) por el atropello con resultado de muerte de Hernán Canales.
En medio de aquel mediático juicio, ocurrió un giro sumamente *raro y sospechoso*: la viuda de la víctima, de un día para otro, se desistió de la querella. Pronto salió a la luz que la varita mágica que logró ese repentino arrepentimiento fue un pago extrajudicial de 10 millones de pesos, orquestado a espaldas del propio abogado querellante, quien terminó denunciando a Rivera ante el Colegio de Abogados por gravísimas faltas a la ética. Aquel episodio dejó una enseñanza clarísima que no se imparte en la Católica: en el modelo de justicia de la élite, la billetera silencia lo que el derecho procesal no puede ganar.
Hoy, el bochorno de Rivera en el caso Australis nos recuerda la profunda pudrición de un sistema donde ciertos apellidos ilustres se sienten por encima de la ley. Un país asqueado por la impunidad de cuello y corbata sigue procesando el impacto del «Caso Audios», donde el inefable Luis Hermosilla Osorio dictaba sus propias cátedras operando como líder de una maquinaria de coimas, favores VIP y nombramientos amañados. A este selecto y oscuro club se suma el abogado Gabriel Zaliasnik Schilkrut, cuyos chats filtrados expusieron sin pudor las asquerosas coordinaciones para intervenir fallos y presionar jueces, destrozando cualquier atisbo de ética profesional.
Hermosilla, Zaliasnik y Rivera parecen cortados por la misma tijera del privilegio. Conforman una exclusiva cofradía de penalistas «top» que, mientras dan sermones de probidad en los matinales, publican libros y evalúan alumnos en los campus universitarios, en la práctica difuminan sin asco la línea entre la defensa legítima y la corrupción institucionalizada.
El reciente fallo a favor de Quiroga demuestra que, a veces, un tribunal se atreve a frenarles el carro y decir basta. Pero la investigación que ahora acecha a Hugo Rivera nos deja una advertencia irrefutable: las verdaderas cátedras de derecho en Chile no se dictan en las aulas de la PUC, sino en las cenas privadas, los chats encriptados y las cartas fraudulentas de quienes juraron defender la ley, pero terminaron creyéndose dueños de ella.